Por qué las finanzas públicas no son como las de tu casa
Ahorrar parece, a simple vista, una buena idea. Nos lo repiten desde niños, no gastes más de lo que tienes, guarda algo para mañana o prepárate para los tiempos de vacas flacas. El problema es que, cuando aplicamos esas mismas reglas a las cuentas públicas, nos equivocamos de lleno.
En el ámbito familiar o empresarial, esta lógica parece indiscutible. Tener superávit, es decir, haber ahorrado algo tras pagar las facturas, suele considerarse una buena noticia, al igual que en una empresa, donde ingresar más de lo que se gasta se interpreta como un éxito. En cambio, el déficit, tanto en el hogar como en un negocio, implica gastar más de lo que se ingresa y, si se mantiene en el tiempo, puede acabar generando endeudamiento y asfixiando la salud financiera.
Entonces, si es positivo ahorrar en el hogar o en un negocio, ¿no debería ser igual en un gobierno, una comunidad autónoma o en nuestro ayuntamiento? Pues no. Y ahí está el error, porque la economía pública no sigue las mismas reglas que las finanzas particulares o de una empresa. Sin embargo, esta diferencia suele ser ignorada o, peor aún, malinterpretada deliberadamente para que, como sociedad, pensemos que un gobierno ahorrador es un gobierno eficiente.
Esta creencia no surge de forma inocente. Es sencilla de entender, aunque incorrecta, y, por tanto, fácil de repetir en medios y discursos políticos. Además, responde a intereses concretos, porque refuerza una lógica de políticas de recortes que benefician a determinados sectores y no reflejan el funcionamiento real de la economía.
El mito del superávit público
Cuando una administración pública tiene superávit, significa que ha recaudado más de lo que ha gastado. A primera vista, podría parecer que está gestionando bien el dinero público, pero todo depende del contexto. Si no se invierte lo suficiente en servicios esenciales, se están reteniendo recursos que podrían mejorar la vida de la ciudadanía.
En 2017, Alemania alcanzó un superávit récord mientras sus infraestructuras, como carreteras, puentes o escuelas, seguían deteriorándose tras años de insuficiente inversión. De forma similar, en España, comunidades como Madrid o Cataluña han registrado superávits mientras arrastran carencias en sanidad y educación, pilares básicos del progreso colectivo.
Pensemos en nuestro día a día. Muchas de las cosas que damos por sentadas, desde los parques y el alumbrado hasta las pensiones o el agua que sale del grifo, existen gracias al gasto público y a la inversión en servicios esenciales. Cuando se recortan estas partidas, las consecuencias se hacen notar rápidamente.
El superávit no es un ahorro pensando en el mañana, sino dinero que, si no se utiliza, empeora los problemas actuales. Es como comprarse una bufanda para el invierno y dejarla en el armario en pleno diciembre. De poco sirve si no la usamos.
El déficit público, ¿una herramienta o una amenaza?
Para un país, gastar más de lo que recauda puede estimular la economía al generar empleo, ampliar los servicios y aumentar la actividad. Es decir, el déficit no es un gasto irresponsable, sino una estrategia para reforzar el tejido económico e inyectar vitalidad al sector privado, destinando recursos a áreas esenciales que generan beneficios.
Si dirigiéramos un negocio y necesitáramos endeudarnos para comprar maquinaria que duplicaría nuestra producción, ¿rechazaríamos la idea solo porque implica más deuda a corto plazo o la veríamos como una inversión acertada?
Es cierto que un déficit sostenido incrementa la deuda pública, pero lo relevante no es tanto su volumen como el destino que se le da. Si la deuda financia inversiones públicas que fortalecen la economía y el bienestar, resulta más sostenible porque genera los recursos necesarios para hacerle frente con el tiempo.
Según el Fondo Monetario Internacional, el gasto público durante 2020 permitió limitar el impacto de la crisis en España y, a escala global, muestra que la mayoría de las economías avanzadas operan habitualmente en déficit. Lejos de ser una excepción, el déficit es una herramienta central de gestión y la norma en los países más desarrollados.
Ahora bien, esta estrategia no es igual de viable en todas las naciones. España, al formar parte de la eurozona, no tiene soberanía monetaria. A diferencia de Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, que pueden financiar déficits emitiendo su propia moneda, nuestro país necesita recurrir a los mercados financieros para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos.
Esto nos hace más vulnerables a las condiciones externas y nos somete a las reglas fiscales de la Unión Europea, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija un déficit máximo del 3 % y una deuda del 60 % del PIB. Estos límites se diseñaron en los años noventa con más lógica política que económica. El resultado es que los gobiernos se ven obligados a cuadrar sus cuentas incluso a costa de recortar inversiones y servicios esenciales en momentos críticos. Una exigencia que contradice un principio económico básico: en épocas difíciles el gasto público debe servir para reactivar la economía y apoyar a quienes más lo necesitan.
Mientras que países como Estados Unidos o Japón han utilizado déficits planificados para financiar infraestructuras, innovar y dinamizar su economía, en la Unión Europea el uso del déficit ha estado condicionado por estas normas fiscales restrictivas, lo que en muchos casos ha limitado la capacidad de sostener políticas sociales e impulsar inversiones públicas.
Tras la pandemia, la UE reconoció los problemas de esta política y suspendió temporalmente estos límites, permitiendo a los países adoptar medidas expansivas y contrarias a la austeridad para acelerar la recuperación económica. Paradójicamente, hoy esas mismas reglas se vuelven a flexibilizar, no para reforzar el estado del bienestar, sino para atender al creciente gasto en defensa.
Más allá de los condicionantes políticos, el gasto público bien orientado a la inversión genera ingresos en el sector privado. Cuando el Estado destina recursos en sanidad, educación o investigación, las empresas y sus trabajadores se benefician. Este efecto multiplicador permite estimular la economía de una forma que nunca se lograría manteniendo un superávit sin uso.
El superávit público y sus efectos en la economía real
En economía, las cuentas de los distintos sectores siempre están conectadas: lo que ahorra el Estado lo dejan de tener familias y empresas, y cuando el Estado gasta más, son los hogares y negocios quienes lo reciben. En definitiva, lo que entra en un lado sale del otro. Lo llamativo es que muchos creen que un gobierno con superávit está haciendo «los deberes», pero en realidad está retirando dinero de la economía privada al recaudar más de lo que gasta. Esto puede ser especialmente perjudicial en momentos de bajo crecimiento o crisis, cuando las familias y empresas necesitan más apoyo.
Imaginemos que un ayuntamiento decide ahorrar en lugar de invertir en arreglar calles, mantener parques y jardines o mejorar la iluminación urbana. Puede parecer sensato, pero en el fondo implica menos ingresos para las empresas locales, menos empleo y una pérdida en la calidad de nuestro entorno.
En algunas situaciones, puede ser razonable buscar un superávit, como cuando la economía crece demasiado rápido y hay riesgo de inflación. Pero dar por hecho que el superávit es siempre deseable supone una simplificación peligrosa que ignora las necesidades reales de la sociedad.
Lo público persigue objetivos distintos a lo privado
En un hogar solemos buscar llegar a fin de mes y, si es posible, ahorrar para imprevistos. Pero el Estado tiene la responsabilidad de garantizar servicios básicos, empleo y prosperidad; de lo contrario, acabaría perjudicando tanto a la sociedad como a la economía. Esto requiere una visión a largo plazo y medios que los particulares no tenemos, como la capacidad de emitir deuda, redistribuir la riqueza y movilizar grandes recursos.
Así que, la próxima vez que escuchemos que acumular superávit es sinónimo de responsabilidad o que el déficit es algo malo por naturaleza, recordemos que las finanzas públicas no están diseñadas para ahorrar, sino para fomentar el bien común.
El superávit resta ingresos al sector privado y frena el desarrollo, mientras que el déficit, cuando se aprovecha bien, impulsa la economía y mejora la vida de las personas.
Comprender esta diferencia es fundamental para exigir políticas económicas que realmente sirvan a la mayoría.
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